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Política de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y de la financiación del terrorismo (FT) de P1

Integridad financiera: nuestro marco de PBC y FT

P1 no es un proveedor de servicios financieros regulado y no realiza actividades de inversión reguladas. No obstante, nos comprometemos a apoyar los esfuerzos internacionales para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia financiera. Como parte de este compromiso, verificamos y registramos la información que identifica a cada cliente que llega a la fase de payout de nuestros programas.

El blanqueo de capitales es el proceso de convertir fondos procedentes de actividades ilegales en activos de apariencia legítima. Aunque P1 no gestiona fondos de clientes con fines de trading o inversión, somos conscientes de que los delincuentes pueden intentar utilizar indebidamente las plataformas online para actividades financieras ilícitas. Nuestro marco de PBC y FT está diseñado para evitar ese uso indebido y garantizar que nuestros servicios no se utilicen para facilitar conductas delictivas.

El blanqueo de capitales suele constar de tres fases. La primera, la colocación, consiste en introducir los fondos ilícitos en el sistema financiero, a menudo mediante depósitos bancarios, transferencias de dinero o la compra de bienes de alto valor. Los delincuentes pueden intentar dividir grandes importes en depósitos más pequeños para evitar ser detectados, una práctica conocida como «pitufeo» (smurfing). La segunda fase, la estratificación, consiste en mover los fondos entre cuentas o convertirlos en distintos instrumentos para ocultar su origen. La tercera fase, la integración, consiste en reintroducir los fondos en la economía como activos o pagos aparentemente legítimos.

P1 se adhiere a los principios de PBC e impide activamente cualquier acción destinada a facilitar la legitimación de fondos obtenidos de forma ilegal. Nuestra política está diseñada para impedir el uso de nuestros servicios por parte de personas o entidades que pretendan participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo u otras actividades delictivas. Para apoyar este objetivo, P1 no acepta ni paga dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia. Nos reservamos el derecho de suspender o cancelar cualquier actividad de un cliente que, según nuestra valoración, pueda ser ilegal o estar relacionada con el blanqueo de capitales.

Procedimientos de la empresa

P1 adopta medidas razonables para asegurarse de que trata con personas reales y entidades legítimas. Aplicamos medidas acordes con los estándares de PBC y FT aplicables, incluidos los emitidos por organismos internacionales y las autoridades competentes. Nuestro marco de PBC se basa en tres componentes principales: conocimiento del cliente (KYC) y diligencia debida, seguimiento de la actividad de los clientes y conservación de registros.

Conocimiento del cliente (KYC) y diligencia debida

Debido a nuestro compromiso con los estándares de PBC y KYC, todo cliente que llegue a la fase de payout debe completar la verificación de identidad. Podemos aplicar medidas reforzadas de diligencia debida a los clientes que residan en jurisdicciones identificadas por fuentes fiables como de alto riesgo de blanqueo de capitales, corrupción o financiación del terrorismo, o cuyos fondos procedan de ellas. También podemos aplicar un control más riguroso a los titulares reales vinculados a dichas jurisdicciones.

P1 se reserva el derecho de negarse a procesar un payout o cualquier transacción relacionada en cualquier momento si considera que la actividad puede estar relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo u otras conductas delictivas. De conformidad con los estándares internacionales de PBC, P1 no está obligada a informar al cliente si se presenta una comunicación a las autoridades competentes.

Jurisdicciones restringidas y sancionadas

P1 da la bienvenida a clientes de muchas regiones; sin embargo, las restricciones gubernamentales, las sanciones internacionales y nuestras políticas internas de riesgo nos impiden dar de alta o prestar servicio a clientes de determinadas jurisdicciones.

No se ofrecen servicios a residentes de determinadas jurisdicciones, entre ellas Afganistán, República Centroafricana, Congo (Brazzaville), Crimea, Cuba, República Popular Democrática de Corea (RPDC), República Democrática del Congo, Donetsk, Guinea, Haití, Irán, Irak, Libia, Malí, Myanmar (Birmania), Puerto Rico, Federación de Rusia, Territorio Palestino, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Ucrania, Estados Unidos de América, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Ciudad del Vaticano y Yemen. Además, cualquier país incluido en las listas de sanciones del GAFI y de la UE/ONU.

Esta lista puede actualizarse periódicamente en función de las sanciones internacionales, las orientaciones normativas y las evaluaciones de riesgo internas de P1.

Seguimiento de la actividad de los clientes

P1 supervisa el comportamiento de los clientes para detectar actividades inusuales, incoherentes o sospechosas que puedan indicar intentos de eludir nuestras reglas o de hacer un uso indebido de nuestros servicios. Esto incluye la detección de solicitudes de payout irregulares, incoherencias en los datos de identidad, intentos de evitar la verificación o actividad vinculada a jurisdicciones de alto riesgo. Cuando sea necesario, P1 podrá solicitar información o documentación adicional para verificar la legitimidad de la actividad del cliente.

Conservación de registros

P1 conserva registros de la identificación de los clientes, los documentos de verificación, el historial de transacciones y las decisiones relacionadas con la PBC.

Derecho a rechazar o suspender actividades

P1 se reserva el derecho de rechazar cualquier transacción, suspender la actividad de la cuenta, denegar payouts o cancelar el acceso de un cliente si considera que la actividad puede estar relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude u otras conductas delictivas. P1 no está obligada a informar a los clientes si se presenta una comunicación a las autoridades.

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